Rafael Piñeiro: ¿Son los Tratados Bilaterales de Inversiones una Amenaza para la Democracia? El caso de Philip Morris contra Uruguay

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En los últimos 20 años debido al fracaso continuo en las negociaciones en la Organización Internacional del Comercio, muchos países han firmado diferentes tipos de acuerdos bilaterales para impulsar el comercio y la inversión extranjera. Los acuerdos bilaterales de inversión son una parte fundamental de esta estrategia para superar el fracaso de las negociaciones a nivel multilateral.

La racionalidad detrás de estos tratados es la de asegurar a la inversión extranjera respecto a posibles acciones oportunistas de los gobiernos. Desde este punto de vista se entiende que los políticos están tentados a extraer rentas porque ellos saben que los inversores no pueden deshacer fácilmente sus inversiones sin incurrir en altos costos. En consecuencia, los inversores en busca de protección ante estas conductas promueven estos tratados y los políticos, que buscan atraer inversiones extranjeras hacia sus países, están dispuestos a firmar este tipo de acuerdos.

Es muy difícil discrepar con la idea de evitar los efectos negativos de las conductas oportunistas de los políticos. La inversión extranjera, y la inversión en general, es muy importante, en particular para los países en desarrollo que buscan mantener sus niveles de crecimiento económico. Sin embargo, este problema requiere ser reformulado. Cuando hablamos de restringir las posibles conductas oportunistas de los políticos, no podemos ignorar que estas decisiones gubernamentales son el resultado de procesos democráticos que responden a las preferencias de los ciudadanos. Por lo tanto, atar las manos de los políticos, implica también atar de manos a los ciudadanos.

Durante su primera administración, Tabaré Vázquez (el primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay 2005-2010) llevó adelante una política anti consumo de tabaco agresiva. Con el objetivo de mejorar los niveles de salud pública, esa política prohibió fumar en lugares públicos e impuso severas restricciones a la publicidad de cigarrillos y el uso de marcas. Una de esas medidas obligó a las compañías de cigarrillos a incluir advertencias sobre los efectos nocivos del cigarrillo que cubrían el 80% de los cajillas.

Philip Morris, la compañía tabacalera más grande del mundo, no estuvo de acuerdo con la medida del gobierno Uruguayo respecto a la regulación del uso de las marcas y en particular al tamaño de las advertencias en los paquetes de cigarros. La compañía, cuya casa matriz está en Suiza, decidió hacerle un juicio a Uruguay en el marco del Tratado de Protección de Inversiones entre Suiza y Uruguay. Este tratado, como todos los de su clase, establece que las disputas deben dirimirse en el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial.

Como la definición de “inversión” en estos tratados está formulada de manera amplia, se incluyen derechos intangibles como los que tienen las empresas sobre las macas comerciales. Philip Morris argumenta que las decisiones del gobierno uruguayo implican una expropiación de sus derechos de propiedad intelectual (asociados con el uso e inversión que han realizado en su marca de cigarrillos) sin que haya habido ninguna compensación. Ellos sostienen que las políticas uruguayas radicales sobre el tabaco le impiden usar la inversión realizada en el desarrollo de su marca.

Un país pequeño, con solo algo más de 3 millones de habitantes, debe enfrentar entonces un juico de la mayor compañía tabacalera del mundo. Solo para tener una idea de dimensiones: las ventas de Philip Morris Internacional ascendieron a U$S 80.029 millones en 2013, en ese mismo año el Producto Interno Bruto de Uruguay fue de U$S 51.560 millones.

En la actualidad asumimos que en la democracia la voluntad del pueblo debe ser restringida por el estado de derecho, y que los jueces están encargados de proteger nuestros derechos ante el avasallamiento de los estados. Sin embargo, no estoy tan seguro si somos también consientes que de hecho en muchos países los acuerdos bilaterales de inversiones y otros tratados comerciales también restringen la voluntad de los ciudadanos. Como en este caso, las restricciones son impuestas para proteger los derechos de una multinacional.

Para resolver el problema de los políticos oportunistas, optamos por acotar el poder de los gobiernos para decidir respecto a sus políticas públicas. El problema es aún mayor si asumimos que estas restricciones a nuestros derechos de autodeterminación fueron impuestas para proteger derechos vagamente definidos de inversores (sobre los que decidirá una burocracia internacional asociada al Banco Mundial). Parece que hemos “arrojado al bebé con el agua sucia” para competir entre países del tercer mundo por dinero para alcanzar el desarrollo. El poder del pueblo fue dado a los inversores extranjeros, ahora ellos pueden decidir qué es lo que nuestros países y nuestras democracias pueden y no pueden hacer.